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La inseguridad física, de bienes y personas, es uno de los aspectos sociales que mayor crecimiento y relevancia ha ido desarrollando en los últimos años. De ser hechos aislados, generados mayormente por personas desaprensivas o guiadas por algún motivo, en particular en ambientes urbanos, se fue trasladando inexorablemente hacia las poblaciones y zonas rurales de todo el país.

Hoy, cada día más, se dan a conocer muchos casos de hechos delictivos que van desde la simple faena y desposte de animales a campo al robo en escala de hacienda, la sustracción de maquinaria e insumos rurales y el asalto a pobladores, en sus viviendas, para despojarlos de sus bienes y, además, de su tranquilidad. Eso, cuando se sabe, porque muchas veces, se elige no denunciar porque se termina perdiendo tiempo y paciencia en gestiones burocráticas que la mayoría de las veces no tienen ni respuestas ni castigo. Y ni qué hablar de la usurpación lisa y llana de predios con argumentos inverosímiles, además de contrarios a lo establecido en la Constitución Nacional.

Al igual que sucede con temas tales como la salud, la educación, el trabajo y la justicia, la seguridad es una de las áreas que es responsabilidad excluyente del estado, tanto sea en la prevención, la acción, el control, el esclarecimiento y la sanción y resarcimiento.

Con el paso del tiempo, nuevas teorías se fueron expresando para tratar de explicar el crecimiento de casos de inseguridad rural: la situación económica, la necesidad que atraviesan los delincuentes, el entorno en el cual se desenvuelven, y muchas más. Lo cierto, es que se trata de excusas que se expresan por parte de las autoridades políticas para eludir las responsabilidades que les competen, ya sea porque no saben cómo resolver el problema, porque no quieren (por intereses o por desinterés) o porque no pueden, por falta de conocimientos por parte de los actores involucrados o por la falta de los recursos, siempre desviados hacia otras prioridades de la política.

Así es como, en los hechos, vemos que quienes delinquen gozan mayormente de la impunidad, ya sea por la falta de desarrollo de políticas concretas de abordaje en la prevención y el control, como por la lentitud en la resolución investigativa y judicial. Eso, cuando no existe un trasfondo político como el que promueve y avala la destrucción de silobolsas o la toma y usurpación de propiedades.

De todas formas, como institución representativa de los productores de una amplia zona del país, desde la Sociedad Rural de San Justo creemos en la necesidad -y asumimos la responsabilidad- de concitar la atención sobre el problema de la seguridad, promover la denuncia y divulgar los hechos, convocar a todos los actores relevantes para el mismo, de diversos órdenes técnicos, sociales y políticos, para generar un abordaje amplio y participativo en la búsqueda de soluciones reales a los problemas de los productores rurales de la región.

Ya dimos los primeros pasos en una reunión realizada en nuestras instalaciones el pasado 11 de mayo. Sabemos de la sensibilidad de las personas que participaron en esa ocasión, y creemos en su capacidad para generar alternativas positivas. Pero requerimos el máximo compromiso y ejecutividad de las autoridades políticas de todo orden, así como de quienes imparten justicia, para retomar el camino de la vida social y productiva en plenitud.

Las consecuencias de no actuar ahora no sólo afectarán a los productores. Sus efectos negativos también alcanzan a quienes forman parte de las comunidades del interior, a los consumidores de los productos del agro y a la economía nacional.

La acción es necesaria porque además de los perjuicios económicos están en juego los valores que nos deben animar como sociedad en la búsqueda del progreso y del bienestar de los habitantes de nuestra Nación.

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